Normativa legal
Cumplimiento de la LGD con impacto social
La evolución social en España

Desde 1982 se ha avanzado mucho en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, desde la administración pública, las organizaciones sociales y las propias empresas. Ha cambiado la actitud y la sensibilidad hacia la discapacidad, desde la educación hasta el mundo laboral, y se reconoce como nunca el valor personal y social de un trabajo remunerado dignamente: aporta autonomía, reconocimiento propio y social e independencia económica.Según el Instituto Nacional de Empleo (datos de 2018), la población en edad laboral con alguna discapacidad reconocida casi alcanza los 2 millones de personas en España. Aun así, para las personas con una discapacidad igual o superior al 33% la tasa de paro sigue siendo cercana al 50%.
Las medidas alternativas
La propia Ley General de Discapacidad (LGD) reconoce que no todas las empresas pueden cubrir siempre ese 2% y contempla las llamadas "medidas alternativas" para evitar las sanciones:
- Comprar productos elaborados en un Centro Especial de Empleo o por un trabajador autónomo con discapacidad.
- Contratar un servicio prestado por un Centro Especial de Empleo (CEE) o, puntualmente, a un trabajador autónomo con discapacidad.
- Realizar una donación o patrocinio a favor de una fundación o asociación de personas con discapacidad.
- Establecer un enclave laboral con un CEE: un contrato entre la empresa y el CEE para desarrollar una actividad en las instalaciones del cliente, de forma temporal (entre 3 meses y 3 años), que facilita el aprendizaje y la futura incorporación de las personas al mercado laboral ordinario.
La declaración de excepcionalidad

Para aplicar las medidas alternativas, la empresa debe tramitar una declaración de excepcionalidad ante los órganos de su Comunidad Autónoma. No es un proceso inmediato y requiere certificar una de estas dos situaciones:
- La existencia de problemas de carácter productivo, técnico, económico u organizativo para contratar a estas personas.
- La imposibilidad de encontrar candidatos con certificado de discapacidad para cubrir el 2% requerido.
Transcurridos 2 meses desde la declaración sin encontrar candidatos, se puede proceder a la declaración de excepcionalidad. En la solicitud hay que detallar y cuantificar las medidas alternativas a las que se recurrirá. Su cumplimiento también está sujeto a la actividad inspectora y a las sanciones correspondientes.
